Ley Orgánica del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia

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Con 118 votos a favor, los diputados al Congreso de la República  aprobaron el decreto número 21-2016, por medio del cual crean el Instituto para la Atención y Protección a Víctimas de Violencia.

El fin principal de la ley es garantizar el goce de los derechos fundamentales de las víctimas y proporcionar los servicios de asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas.

Para los efectos anteriores el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia proporcionará los referidos servicios y/o coordinará, acciones con instituciones y organizaciones públicas o privadas que participen en la Red Nacional de Derivación y otras, para garantizar a las víctimas los servicios descritos en el párrafo anterior.  El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia se regirá por la presente ley y su reglamento. Tendrá carácter autónomo y deberá tener cobertura en todo el territorio nacional.

Víctima es la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal. También se considera víctima al cónyuge, conviviente, hijos y, a la falta de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes de la víctima.

El Instituto para la atención integral y la protección a víctimas de violencia estará integrado por un Consejo, una Dirección General y una Secretaría General, así como de otras estructuras especializadas en cuestiones médicas, jurídicas, sociales y psicológicas El Consejo, que es el órgano rector, estará integrado por los funcionarios que ocupen los cargos de Fiscal General, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Gobernación y de Salud y diputados presidentes de las comisiones de la Mujer y del Menor y la Familia del Congreso de la República; así como por tres representantes de organizaciones sociales especializadas en la atención a víctimas.